Para llegar al origen de la ocupación del territorio donde hoy se encuentra Gracia hay que retroceder a la fundación de un convento de los Carmelitas Descalzos en 1626. Al lado del “camino de ral”, que unía Barcelona con Sant Cugat, y a la altura de lo que hoy es la plaza de Lesseps, se creó un nuevo centro eclesiástico que servía para que se trasladase una parte de la creciente población monacal del convento de Sant Josep en la rambla. La actividad del convento favoreció la progresiva aparición de masías entre el punto donde se situó el mismo, y la Vía Transversalis (básicamente lo que hoy sería la Travesera de Gracia), que unía los dos extremos del plano de Barcelona. Cómo vemos, el territorio ya quedó definido en este punto, y sigue siendo lo que hoy conocemos como el barrio de la Vila de Gracia. Esto es así hablando del núcleo poblacional, ya que el término municipal se extendió prácticamente hasta lo que hoy es la Plaza Francesc Maciá.

En el siglo XVII habían registradas doce casas, y al principio del XIX unas 250. Gracia había ido creciendo como un barrio extramuros de Barcelona, aunque alejado lo suficiente como para no interferir en el espacio militar de ésta última. La Constitución española de 1812 dió la posibilidad de que los pueblos de más de mil habitantes pudiesen constituirse como municipios independientes, lo que daba paso al primer y corto periodo autónomo de la Vila, que ya poseía 2.608 habitantes. Desde la supresión de la municipalidad en 1823, la pretensión de los gracienses fue siempre recuperarla, lo que sólo se consiguió bastantes años más tarde con el Real Decreto del 28 de junio de 1850. No restaría mucho para el derrocamiento de las murallas de la ciudad, y la independencia pronto tendría que enfrentarse a la presión del crecimiento impuesta por el plan Cerdá, como veremos en el siguiente punto.

El territorio, situado en el tramo final de la falda de la Collserola con una pequeña pendiente que no solía superar el 5%, tenía como mayor característica el estar atravesado por una serie de torrentes y rieras por los que en ocasiones circulaba un pequeño caudal procedente de la montaña. En contadas ocasiones estos caudales podían convertirse en un auténtico peligro, pero la práctica totalidad del tiempo solían estar secos, siendo usados como caminos de conexión con la ciudad. Su función de vía de tránsito y el riesgo que suponía acercar demasiado las construcciones facilita entender la centralidad que en el momento de crecimiento tuvieron para configurar la ordenación y la parcelación del territorio. Muchas calles conservan hoy un trazado similar a las rías que le antecedían, lo que provoca el viraje de la trama de gracia respecto a la diseñada por Cerdá, con un límite que queda claramente marcado por el paso de la travesera de Gracia, línea a partir de donde se comenzaron a seguir las indicaciones del ingeniero; y en ocasiones, es la propia toponimia la que nos recuerda estos pasos. Más allá de aquellas estas calles, que empiezan con el sustantivo “torrent”, el mismo borde del actual distrito está delimitado por antiguas rieras que cuyo recorrido quebrado aún siguen la avenida Princep d’Asturies, y la calle Escorial.

Como sucedió con el resto de los pueblos del plano de Barcelona, Gracia creció muy rápidamente como válvula de escape demográfica, mientras que la densidad de la ciudad central se disparaba al encontrarse encorsetada por las murallas. La particularidad de esta pequeña villa es que no se expandió por la localización de grandes edificaciones industriales, aunque las hubo, ni tan poco en torno a un grupo reducido de burguesía que buscaba establecer residencias fuera de la presión demográfica de la ciudad, sino que fue mayoritariamente como un formato combinado en donde el mayor interés económico radicaba en la propia comercialización del suelo. Así, Gracia vivió una expansión principalmente residencial salpicada de algunas industrias que hacían que la vivienda burguesa y la obrera se combinase según la zona (hasta el punto que esto le pareció un hecho definitorio del barrio a León Jaussely en su plan urbanístico de 1904).

La expansión misma del pueblo, sobre todo en su periodo de independencia, tuvo mucho de particular en tanto a que no fue guiado por ningún plan urbanístico a escala, sino básicamente mediante procesos de parcelación privados. El sistema era simple, algún propietario llegaba con un plan de parcelación, diseñado por el arquitecto de turno, que transformaba el espacio rural en solares urbanizables, era aprobado por el ayuntamiento sin problema, y los solares se traspasan mediante enfiteusis a los futuros usuarios. Este palabro, enfiteusis, es básicamente un tipo de contrato de origen medieval en donde el propietario cede los derechos de uso de una parcela o inmueble, a cambio de un porcentaje de renta anual, y del derecho a laudemio, un pago en el caso de que se vuelva a iniciar el proceso de cesión. Esta última condición nacía de que se obligaba a los nuevos propietarios a construir en un periodo máximo de dos años, pero a cambio se libraban de pagar el elevado precio que podían alcanzar los solares, más allá de un pequeño pago numerario al firmarlo. A falta de liquidez general, este sistema permitió una rápida urbanización del territorio, que generaba importantes rentas al transformarse de rural a urbano.

La consecuencia derivada de esta tipología es que respondía puramente a intereses privados, por lo que de los 83 planes presentados, sólo once incluyeron pequeñas plazas públicas que hacían las veces de espacio público. Tanto éstas como los equipamientos en general eran entendidas como una pérdida de futuras rentas de suelo, y por lo tanto no solían ser del agrado de los propietarios originales. De hecho, no queda muy claro el motivo que impulsó a introducir las once plazas que aún existen… Pero sin embargo existe una consecuencia añadida: esta voracidad por construir era contraria a las tendencias urbanísticas propias al plan Cerdá, en tanto a que la calle se entendía principalmente como un espacio perdido, reduciéndose al mínimo y provocando, en última instancia, que hoy sean tremendamente intransitables para el tráfico rodado. Las calles se han convertido en Gracia en el sustituto del espacio público más tradicional, y uno de los elementos más característicos del barrio por su actividad continua. Cada plaza parece tener hoy día personalidad propia, y combinadas con la función comercial que absorben sobre todo la calle Verdi y Gran de Gracia, dotan al barrio de una vida característica, que explota completamente en momentos puntuales como las fiestas de Gracia.

En muchas ocasiones parece olvidarse lo particular de la situación que vivió Barcelona durante el final del siglo XIX. Si bien es fácil atribuirle una importancia capital al proyecto de Cerdá para dotar de identidad o definir la forma futura de la ciudad, no menos importante, además de forzoso en tanto a que consecuencia de la expansión, es el proceso de integración de los distintos municipios que se habían formado en el plano de Barcelona. Si bien ya el desarrollo del Ensanche hace evidente que la absorción de los pueblos es inevitable, su materialización pasa por ser, más allá de un proceso en cierto sentido orgánico en tanto que propio del crecimiento “natural” de la ciudad, un foco de conflictos e intereses contrapuestos en lo que acabó siendo en muchos sentidos una conexión forzosa, tanto viaria y urbana como política. Es lógico además, imaginar que cuando hablamos de «conexiones» lo hacemos en realidad de proyectos urbanos que implicaban toda una serie de intervenciones: la destrucción de una parte del tejido urbano relativamente anárquico de las poblaciones originales, inducir un encaje dentro de la nueva escala de trama urbana de Barcelona, una disminución de la autonomía política de cada núcleo, y lo que más miedo generaba, una equiparación de las cargas fiscales respecto a las de la urbe principal.

En diciembre de 1874 se presentó por primera vez en el pleno municipal la moción para proceder a la agregación de los ocho municipios que rodeaban la ciudad. A partir de aquí comienza todo el juego político que acabará con la formación de la «gran Barcelona».

Por parte de Barcelona la presión fue clara desde el principio, apoyándose en el Real Decreto que supuso la aprobación del plan de ensanche de Cerdá en 1859, se pretendía justificar que el crecimiento de la ciudad era tal que el proceso de absorción era innegable. La idea original pasaba por tanto por imponer la unión mediante un mismo instrumento político (decreto). Muchos intervinieron en el proceso a lo largo de los tiras y afloja entre ayuntamientos y municipios, pero hay un nombre asociado directamente al proyecto: Francesc de Paula Rius i Taulet. El mismo que acabaría por apropiarse para la ciudad de la Exposición en 1888, tomaría un papel protagonista en todo momento. Ya había sido alcalde de Barcelona durante el Sexsenio democrático (1868-1874), pero durante la presentación de la moción para la fusión de los pueblos ocupaba un puesto como diputado en las cortes españolas. Desde su posición, generó uno de las intervenciones más importantes para el futuro, añadir a una cláusula a la ley de Municipios de 1877 que permitía a ciudades de tamaño medio-grande (y no sólo a Madrid como era la idea original), iniciar un proceso de absorción de poblaciones colindantes, bajo ciertas condiciones. El problema es que el rechazo combinado de los pueblos del llano, que no querían perder su autonomía fiscal y política; la diputación provincial de Barcelona, enfrentada al ayuntamiento y con una postura conservadora frente a las posibilidades de expansión de la ciudad; y desde la misma capital, que veía en el crecimiento de una segunda ciudad como Barcelona, una amenaza para la hegemonía de Madrid. Estos tres frentes abiertos consiguieron paralizar el proyecto durante varios años.

La posición defendida por el ayuntamiento Barcelona era clara, por un lado se veía en el derecho de poder solicitar unilateralmente la fusión municipal en base a la legislación mencionada y a que el continuo urbano de conexión con los pueblos provocaba que no existiesen límites definibles. Por otro lado, la expansión de la ciudad era un paso fundamental para que ésta ocupase el lugar que merecía como capital del mediterráneo. El problema era que la interpretación que llevaba al consistorio barcelonés a otorgarse la posibilidad de actuar por iniciativa propia era algo laxa; además de que a la hora de generar las pruebas que justificasen la situación de continuidad en las construcciones de cara a mostrarlo en Madrid, la falta de cartografía y un registro en condiciones (y la poca colaboración de los pueblos en este sentido), imposibilitaba la justificación del proceso; e incluso la idea de «capitalidad mediterránea», gustaba muy poco en tanto que suponía una amenaza para el gobierno.

A todas estas dificultades se le sumaba la situación global en la España de mitad del siglo XIX. El sistema político de la Restauración había instaurado un proceso de turno de partidos, en donde el trabajo de redes para intentar conseguir y mantener el poder político sobrepasaban con mucho la voluntad legislativa real. Cuando los conservadores llegaban al poder, los trámites para la agregación quedaban bloqueados. Cuando les tocaba a los progresistas, el proceso parecía reactivarse, pero no pasaba de una promesa de analizarlo con detenimiento. Precisamente con éstos últimos en el gobierno, visto el éxito de la exposición universal, llegó el momento más próximo a la concesión de la propuesta de fusión. Además del ambiente de victoria por la exposición, cabe mencionar la anécdota de cómo Rius i Taulet mostrando la ciudad al presidente del congreso, Práxedes Mateo Sagasta, le acompañó por todo el Paseo de Gracia sin avisarle hasta el último momento de que habían cambiado de municipio. Un pequeño golpe de efecto que se llevaba por delante cualquier puesta en duda respecto al continuo urbano.

El problema es que desde Madrid nunca se llegaba a facilitar la aprobación del proyecto de ciudad metropolitana, y no fue hasta años después cuando, por la necesidad de aumentar la recaudación fiscal dado el alto coste que estaba ocasionando la guerra contra Cuba y Filipinas, que en 1896 se aprobó definitivamente un nuevo Real Decreto que daba carta abierta al ayuntamiento para comenzar la agregación de seis de los ocho municipios (que serían absorbidos años más tarde). Seis años después de la muerte de Rius i Taulet, se concretaba la mayor lucha política de sus años como alcalde.

Hemos tomado el ejemplo de la Vila de Gracia no sólo de forma algo azarosa (que también), sino teniendo en cuenta de que fue, durante el proceso de unificación, la que llevó la voz cantante durante la mayor parte del tiempo que duró la oposición de los pueblos a ésta. Básicamente porque era el pueblo con mayor población y poder político. Pero la cuestión es que tan pronto como se activó la petición de agregación de Barcelona, cada uno de los ocho municipios asentados en el plano puso en marcha toda una serie de contraargumentos.

Si bien se formó una comisión que defendía los intereses de los pueblos conjuntamente, cada uno elaboró una respuesta oficial de cara a demostrar la soledad de la postura barcelonesa: Sarriá aclaraba que ni siquiera entraba en contacto con la expansión del Ensanche, por lo que no había justificación posible a la adhesión; Sant Gervasi añadía a esta situación la existencia de torrentes que en días de lluvia llegaban a delimitar físicamente su espacio administrativo en relación a Gracia (y por lo tanto respecto a la metrópolis); Horta incluso desafiaba al ayuntamiento a terminar las conexiones con Gracia y Sant Martí antes de siquiera mirar hacia su zona; éstas dos últimas, asumiendo que el contacto con el ensanche sí que era innegable, lo utilizan como ejemplo de que realmente no existe conflicto alguno, en tanto a que estos límites se han podido ejecutar y respetar en el proceso; además, desde la Vila de Gracia intentan remarcar las condiciones geográficas (rieras y calles ya finalizadas) que la configuran como una única realidad urbana; Sants recurre a la fragmentación administrativa compartimentada como un modelo válido, tomando ejemplos como el de Valencia; y finalmente, el pueblo más antiguo de los existentes junto a Sarriá, Sant Andreu, ataca el tratamiento que desde Barcelona se les da legalmente, tomados como ravales de la ciudad central, y no como municipios propiamente dichos (por lo tanto con autonomía suficiente para negar la absorción).

No cabe duda que un importante componente identitario atravesaba el conjunto de las demandas municipales, pero la preocupación central era bastante más práctica: la unificación implicaría la equiparación de las cargas fiscales a la ciudad central, mucho más elevadas, pero también una  mayor eficiencia en el cumplimiento de la normativa urbanística, que hasta ahora habían manejado a su antojo. La eficiencia recaudatoria también mejoraría, en tanto a que el mismo crecimiento arbitrario de los pueblos, unido a los difusos límites administrativos, dificultaban la labor de los distintos consistorios. Frente a esta situación, la agregación prometía la urbanización eficaz de unos servicios tanto de abastecimiento como públicos, que mejorasen el caos existente, sobre todo a partir de ver la capacidad constructiva de Barcelona después de la Exposición de 1888. La postura de “convergencia” propuesta por una parte de los ayuntamientos era la de generar una conurbación en donde la vinculación de los municipios fuese parcial, y se mantuviese relativa autonomía de cara a tomar decisiones internas. Las disparidades normativas en cuanto a materia urbanística y fiscal frenó desde el principio cualquier avance en dicha dirección.

En última instancia la propia idiosincrasia de cada zona empujaba a una lucha de intereses particular, normalmente impulsada desde los poderes locales. De Gracia ya hemos hablado algo, pero cada uno de los municipios acarreaba su historia. Las Corts había estado supeditado administrativamente a Sarriá hasta su independencia en 1834. Como sucedía en Sant Gervasi y en Horta, la mayor parte del espacio que ocupaban las poblaciones estaban vinculadas a la economía agrícola, así como a antiguas masías transformadas en casas de veraneo de la burguesía. Por lo que la unión, pese haberse opuesto fue bastante menos traumática comparativamente. Todo lo contrario que el ya mencionado Sarria, un pueblo originario del siglo x, con un ayuntamiento propio con una solvencia económica amplia (cosa que no sucedía en el resto de los casos), y un sentido de identidad que provocó que su agregación se retrasase casi 25 años respecto al resto de municipios, hasta 1921. Este hecho se dio gracias a su situación de desconexión con el proyecto del Ensanche de Barcelona, lo que permitía argumentar frente al gobierno estatal que la falta de conexión era evidente, y por lo tanto la ley de municipios no se aplicaba. El otro pueblo con raíces históricas profundas, Sant Andreu del Palomar, no pudo evitar ser absorbido en la agregación de 1897, pese a su fuerte carácter identitario. Originario de una asociación de parroquias en el siglo XIII, y con ayuntamiento propio desde la aprobación de los Decretos de Nueva Planta en 1716. Sant Andreu mantuvo un carácter combinado entre industrial y agrario gracias al agua aportada por el paso del Rec Comtal. A finales del siglo XIX, la filoxera acabó con el potencial económico de su agricultura, y la agregación con su independencia política.

Para terminar encontramos las dos zonas más industrializadas. El municipio de Sants fue producto directo de la necesidad de terrenos para establecer la nueva industria, y su población era básicamente obrera, pero dominada por una burguesía con los intereses muy definidos por el crecimiento de la ciudad central. La anexión se debatía entre el rechazo popular, y el tira y afloja de los intereses económicos de los industriales. Finalmente llegamos al gran territorio fabril del plano, Sant Martí de Provençals. Siendo una mera distribución de edificios dispersos en torno a una parroquia a principios del XIX, el crecimiento de la industria provocó una expansión demográfica muy intensa. El principal problema con la anexión es que el plan Cerdá no había tenido en cuenta los ejes que guiarían el crecimiento acelerado de la zona (del que cabe destacar el hoy recuperado Pere IV), imponiendo una trama regular ajena a lo existente, y unos impuestos que amenazaban el auge del asentamiento industrial…

Como vemos, se dieron toda una gama de desarrollos propios en donde el auge económico de Barcelona desde finales del siglo XVIII, acompañado del bloqueo físico de las murallas, impulsaron el crecimiento de los pueblos del plano, acabando por configurar una forma de ciudad con cierto sentido policéntrico gracias a su componente plurimunicipal. Lo que en última instancia implica que más vale darse un paseo por cada centro “exmunicipal” de vez en cuando, que cada uno aún conserva esas señas que le definieron al crecer.