La historia de los hermanos Batlló es recurrente en esta guía, muy resumida sería: eran siete en origen, llegaron a Barcelona desde Igualada montando una de las primeras grandes fábricas de textil del Eixample (ésta), aunque todos los hermanos varones excepto Joan i Feliu ya habían muerto cuando ésta se puso en marcha; para terminar, cabe mencionar que con el tiempo, uno de ellos (en realidad, el hijo de Feliu) acabó como propietario del edificio residencial más icónico, de la manzana más icónica de Barcelona (ésta). Pero la historia de la fábrica que ahora nos ocupa comienza después de la del Eixample. Joan Batlló salió de la sociedad que tenía con su hermano para montar un nuevo proyecto en solitario (con sus sobrinos como socios), haciendo la competencia a la fábrica original. Una competencia que no duraría demasiado por el temprano cierre esta última, mientras que la nueva aguantaría en funcionamiento hasta la crisis del textil de los 70.

Tenemos a un industrial experimentado en busca de un espacio que pudiese alojar lo que pretendía ser un gran complejo industrial. Las necesidades estaban, por lo tanto, claras: superficie libre suficiente, un terreno no demasiado caro, bien comunicado y que contase con población (mano de obra) y agua en su entorno próximo. El interior de la ciudad y su entorno inmediato quedaba, desde un primer momento, descartado. De los pueblos del plano entendió que el más atractivo era el (todavía) municipio de Sants. La instalación del Vapor Vell y el Vapor Nou (la España Industrial) habían atraído a una importante masa de trabajadores, convirtiendo a Sants en un importante barrio obrero, además,  el cierre de la primera pronto le libraría de un competidor directo en la consecución de mano de obra. El terreno que mejor cumplía sus expectativas lo encontró en un barrio aún agrícola de este municipio: La Bordeta. Lo idoneo del lugar se resumía en: disponibilidad de solares de grandes dimensiones en una superficie plana, acceso a la carretera de Madrid y suficiente cercanía con el núcleo de población trabajadora de Sants.

En 1880 se inaugura el primer edificio para la fabricación y blanqueado de tejidos de algodón, que actualmente sigue siendo el de mayor tamaño, el bloc 11. Diseñado por el ingeniero Joan Antoni Molinero, esta nave se queda a medio camino entre las fábricas de pisos tradicionales y las nuevas soluciones más alargadas. Es a partir de esta primera construcción que se organiza el conjunto, con un primer añadido en 1883 para incluir el proceso de estampación, al que se le irán sumando nuevas adiciones, primero rodeándo la fábrica central y luego ampliando el recinto hacia el suroeste hasta 1936, perteneciendo las últimas ampliaciones a la etapa franquista. Sin que se tenga constancia de un plan de crecimiento, la fábrica si que sigue un orden productivo más definido que otros casos como Can Ricart.

El diseño racional se combina con cierta voluntad estetizante propia de las fábricas de la época, que en muchas ocasiones se convertían en auténticos emblemas comerciales para las compañías. De esta manera la parte más funcional sobresale en los interiores: exentos, construidos a base de pilares de madera o forja sosteniendo viguetas de hierro conectadas con bovedilla catalana, cubiertas de cerchas de madera cuando se buscan cubiertas a dos aguas o las soluciones en dientes de serra para que el edificio disponga de más luz. Mientras tanto, el uso del material y la composición provee la imagen externa al terminar los paramentos con detalles ornamentales o molduras, que acompañan a los ritmos de los huecos para crear un resultado con aires neoclásicos. Las operaciones esteticas continuaron en las ampliaciones, monumentalizando la fachada de acceso de la nave principal con cuatro columnas doricas en 1951, además de posicionando un nuevo bloque para cerrar la composición generar del recinto mientras se modificaba el acceso. Al final, 20 bloques configuraban la fábrica, a los que se sumaban una gran chimenea y la torre de las aguas.

La historia del siglo XX del conjunto fabril pasa por una colectivización del mismo durante la guerra civil (que supuso, de acuerdo a testimonios de la época, una mejora en su infraestructura), a la recuperación de la propiedad durante el franquismo por parte de un cacique del momento (cuya descendencia todavía mantenía la propiedad del conjunto) y, finalmente, por el cese de la producción textil en los años sesenta para convertirse, como tantos otros casos, en un recinto subdividido en distintos espacios destinados a alquiler. En él se llegaron a instalar en torno a 200 empresas durante los 70.

La reclamación vecinal sobre Can Batlló se origina ya en los años setenta, junto a las protestas por los espacios de la antigua España Industrial y del Vapor Vell. De este conflicto surge la propuesta establecida en el Plan General Metropolitano de 1976: el espacio que ocupa la fábrica será reservado para equipamientos y zonas verdes. El problema (o la suerte) es que Sants, o específicamente la Bordeta, quedaron apartadas de los procesos de renovación olímpica que hicieron avanzar tantos otros grandes proyectos de la ciudad. Sin embargo, a principios del siglo XXI la Gran Vía toma relevancia como un nuevo eje económico para la ciudad: la conexión con el aeropuerto, con la nueva zona de negocios (la nueva Gira) en Hospitalet y el desarrollo de todo el entorno de la plaza Europa se suma a la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia. El resultado es que el terreno que ocupa Can Batlló se vuelve de repente muchísimo más interesante en términos económicos. El movimiento de los propietarios no tardó en llegar, la inmobiliaria Gaudir, que gestionaba el espacio, encarga un proyecto urbano que acompañaba a dos grandes torres de residencias de lujo y un nuevo hotel en el borde de la Gran Vía, cambiando por tanto una parte del uso del suelo planteado en el PGM.

Pese al rechazo inicial por parte del ayuntamiento (y después de una primera protección patrimonial que catalogaba dos bloques y una chimenea en el año 2000) al considerar que un proyecto privado no podía decidir la configuración urbana del espacio público, la incapacidad de desarrollar la transformación del espacio con medios propios condujo a que, en 2001, se aceptase la propuesta, al igual que lo hicieron las asociaciones vecinales, que aún ansiaban las prometidas dotaciones. Como colofón, la Modificación del PGM de 2006, daba como buenas nuevas demandas de la inmobiliaria, duplicando el número de viviendas permitidas. Todo con tal de que la operación de mejoras urbanas y el parque que afectaba a la fábrica saliese adelante. Pero, una vez más, todo se vio interrumpido por el estallido de la burbuja inmobiliaria: la propiedad dejó de estar interesada en materializar la inversión.

En este punto es donde el movimiento social comenzó a reactivar sus acciones. En una reunión de la comisión de seguimiento del proyecto urbanístico en marzo de 2009 se alcanza el clímax: la espera no podía alargarse más y Can Batlló tenía que ser, de una vez por todas, para el barrio. A la vez que se crea la plataforma «Can Batlló és pel barri» se establece una fecha límite, si para junio de 2011 el proyecto de reconversión del espacio no había comenzado, los vecinos entrarán a la fábrica para encargarse ellos mismos de generar los nuevos servicios del barrio. El tiempo corría y “Tic Tac Can Batlló” se convierte en el lema de las asociaciones involucradas en el proceso. 

A la vista de la amenaza, propiedad y Ayuntamiento acuerdan la cesión de una de las naves a las entidades y asociaciones que solicitaban la mejora. El conocido como «Bloc 11» se convertirá en el emblema de la transformación y de los nuevos usos. Gestionado por los propios vecinos, esta nave se mantiene aún como un proyecto de autogestión que incluye distintos servicios: biblioteca, auditorio, salas multiusos o un pequeño bar. Además comienzan las intervenciones en el entorno para conectar el nuevo espacio ganado al barrio, permeabilizando el acceso al recinto, que llevaba años cerrado en todo su borde con un muro perimetral.

A partir de este momento la disputa no se detuvo, sino que evolucionó para incorporar una nueva demanda, la fábrica no debía entenderse exclusivamente como un espacio disponible, un solar vacío reservado para la dotación de espacios verdes o un uso específico, el conjunto mismo tenía un valor propio para el barrio: podía y debía tomarse como elemento identitario de la historia del mismo y por tanto mantener el recinto y la mayor parte de las edificaciones debía ser una exigencia de cualquier proyecto del espacio. Un giro en la forma de entender la fábrica que se da en gran medida gracias a la participación de distintos colectivos preocupados por la conservación, con el grupo de arquitectos LaCol a la cabeza a la hora de presentar la historia de Can Batlló y su importancia para la configuración actual de La Bordeta. La incorporación de todo el conjunto al catálogo de patrimonio se saldó con distintas propuestas más institucionales para ocupar los espacios, entre las que destacan la unificación de los archivos de la ciudad en la nave central y primera en construirse (numerada como bloc 8), la sede del instituto de audiovisuales en el bloc 7 o la central de «Coopolis» en el bloc 4, rehabilitada por los propios arquitectos de LaCol para alojar una iniciativa que busca apoyar los proyectos cooperativos en la ciudad, precisamente nuestro siguiente punto.

La historia de la clase trabajadora, principal protagonista en la historia de estos conjuntos industriales, ha estado ligada a la necesidad de trabajar de forma conjunta para acceder a bienes que difícilmente podrían comprar con sus reducidos sueldos. Una de las formas básicas de puesta en marcha de proyectos colectivos han sido las cooperativas. La expansión del consumo dejó estas formas de organización como un elemento casi de nicho ideológico o enfocadas a casos particulares para reducir costes de producción. La situación actual respecto a la ciudad, sin embargo, parece requerir de una nueva búsqueda de proyectos que vayan más allá del consumo individual.

El espacio es un bien preciado, no ya por que todos necesitemos un poco, sino porque se ha convertido con el paso del tiempo en el principal depósito de valor para los momentos en los que la economía se atasca en su imperiosa necesidad de crecer. Henri Lefebvre avisó de esta posibilidad cuando hablaba de la formación de un circuito secundario del capital, que pasaba de la inversión en bienes y servicios, para refugiarse en bienes inmuebles y operaciones urbanas especulativas. Siguiendo esta dinámica (o por lo menos acercándose mucho a ella) muchas ciudades, y Barcelona aún más, han ido cediendo ante desarrollos urbanos que persiguen casi exclusivamente el beneficio de los propietarios, olvidando en ocasiones la condición de urbanidad de muchos proyectos de escala. Este proceso finaliza provocando que el acceso al espacio mismo (como espacio público y accesible), y a la vivienda en particular, sea uno de los principales problemas actuales en las grandes ciudades.

Can Batlló se convierte en este sentido en un ejemplo doble sobre las posibilidades que aún existen de actuar de acuerdo al interés compartido a la hora de acceder a ese bien tan preciado que es el espacio. En primer lugar, por la gestión del mismo que han conseguido organizar los vecinos en la nave cedida por el Ayuntamiento. En segundo lugar, llevando a cabo un proyecto residencial que se ha convertido en paradigmático de un modelo que cada vez está más extendido por Cataluña: las viviendas cooperativas en régimen de cesión de uso. 

El primero ya lo hemos mentado, así que toca tratar el segundo. En este caso, lo que encontramos es la formación de una cooperativa, la Borda, que en 2014 propone al Ayuntamiento la construcción de un edificio residencial aprovechando uno de los solares del entorno de la antigua fábrica, de propiedad pública. Lo particular del caso, ahora extendido por toda la ciudad, es que las viviendas no serían de propiedad de los vecinos. El suelo, que es el factor que más encarece la construcción en casos como Barcelona, seguiría siendo propiedad pública. La cooperativa se encargará de diseñar y construir el bloque en base a criterios de vida conjunta, y se convertiría en gestora del mismo durante un tiempo determinado (75 años prorrogables 15). Al final del tiempo definido, el Ayuntamiento recuperará las viviendas para alquiler público. Este es básicamente el modelo que se repite en cada caso: un concurso público en donde distintas cooperativas presentan un proyecto para gestionar, construir o reformar un edificio de viviendas. Un proyecto que incluye arquitectura, pero también el proyecto de vida en común, proupesta de mantenimiento y, en la mayor parte de las ocasiones, proyecto de inserción en el tejido social urbano.

El caso del edificio de la Borda es bastante llamativo. Diseñado por el grupo de arquitectos que se habían movilizado desde el principio con los vecinos, la Col, que hace que el proyecto no se limite a un sistema de gestión, sino que se extiende a una propuesta arquitectónica innovadora. El edificio parte de la organización interna que nace de un patio central, en torno al cual se emplazan las viviendas, diseñadas de forma modular y que además cuentan con la posibilidad de detraer o sumar habitaciones según crezca o mengüe la unidad familiar que reside. El espacio compartido va mucho más allá del patio y los pasillos que lo rodean, alojando servicios de lavandería y una cocina comunitaria (las viviendas no tienen una propia más allá de algún fuego, para ajustar más el espacio). Por su puesto, los criterios de sostenibilidad son punto de partida de estas obras, hasta el punto de que se convirtió en el primer edificio con estructura completamente de madera, material eco friendly donde los haya, tanto en su producción como en su mantenimiento.